Cuando hablamos de transición energética, ¿estamos hablando de un verdadero cambio o simplemente de un ajuste en la fuente de energía? Para algunos, representa la gran oportunidad de romper la dependencia del petróleo y diversificar la economía. Para otros, es un riesgo latente: el peligro de repetir la historia con un nuevo ciclo extractivo, ahora enfocado en minerales críticos para la descarbonización global, pero sin cambios reales en la distribución de beneficios o en la justicia social y ambiental.
Entonces, ¿cómo logramos que esta transición sea realmente justa? ¿Cómo evitar que se convierta en un simple recambio tecnológico sin una transformación estructural en la gobernanza de nuestros recursos naturales?
El dilema ecuatoriano: Diversificar o repetir la historia
En 2022, cerca del 26% de los ingresos del gobierno central dependían del sector de hidrocarburos, mientras que en 2023 este rubro alcanzó el 15%. Ecuador ha vivido décadas atrapado en la lógica del boom y caída del petróleo. Cada crisis ha demostrado los límites de un modelo que concentra riqueza en pocos sectores y deja amplios pasivos ambientales y sociales. Ahora, con la urgencia de la transición energética global, el país se encuentra en una encrucijada: ¿diversificar la economía con nuevas fuentes de ingresos o reciclar el modelo extractivo con otro nombre?
El auge de la demanda mundial de cobre, litio y otros minerales críticos parece abrir una ventana de oportunidad. Ecuador podría posicionarse como un actor clave en esta nueva economía, atrayendo inversiones y generando ingresos frescos. Sin embargo, el historial de conflictividad social y falta de transparencia en la gestión de los recursos naturales genera dudas legítimas: ¿la minería será un verdadero motor de desarrollo o simplemente el nuevo petróleo?
La clave está en la gobernanza. Y en Ecuador, la gobernanza de los recursos naturales ha sido históricamente el talón de Aquiles del desarrollo sostenible.
La confianza perdida y el reto de recuperarla
El país ya ha visto lo que sucede cuando la transparencia y la participación ciudadana quedan en segundo plano: corrupción, conflictos, litigios internacionales y comunidades que desconfían —con razón— de los beneficios prometidos. Casos como el de Chevron o las recurrentes disputas sobre el destino de los ingresos petroleros han dejado claro que sin reglas claras y cumplimiento estricto, el extractivismo sigue beneficiando a pocos a costa de muchos.
El último informe EITI muestra que la consulta previa y la transparencia en el sector extractivo siguen siendo temas críticos para la ciudadanía. Mientras la gente perciba que los recursos naturales se administran con opacidad, cualquier intento de transición será visto con escepticismo.
Existen espacios como el Grupo Multipartícipe (GMP) y la Comunidad de Aprendizaje y Práctica (CLP), diseñados para fomentar el diálogo entre gobierno, sociedad civil y empresas. Pero si estos foros no logran incidir en decisiones reales, se corre el riesgo de que sean percibidos como simples ejercicios simbólicos, sin impacto concreto en las políticas públicas.
¿Cómo hacer que la transición energética sea realmente justa en Ecuador?
Un cambio de modelo no se logra solo con nuevas tecnologías. Requiere reformar las estructuras que históricamente han perpetuado desigualdades y conflictos. Algunas claves para avanzar en esa dirección incluyen:
- Fortalecer las instituciones de control y fiscalización, para evitar corrupción y malas prácticas en la gestión de los recursos naturales.
- Asegurar la participación ciudadana efectiva en la elaboración de normativas sobre consulta previa y gestión ambiental.
- Garantizar la transparencia total en la información pública, desde licencias ambientales hasta la distribución de ingresos mineros.
- Definir una Política Minera Nacional integral y multisectorial, que establezca reglas claras y evite la improvisación en el sector.
Ecuador ya cuenta con herramientas como el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035, la Hoja de Ruta para el Hidrógeno Verde y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2012-2025. Pero sin una visión clara de gobernanza y justicia, estas estrategias corren el riesgo de quedar como documentos bien intencionados sin efectos reales en la vida de las personas.
