En Ecuador, los sectores minero y petrolero suelen parecer distantes de la vida cotidiana. Se los asocia con cifras macroeconómicas, debates técnicos o conflictos territoriales. Pero lo cierto es que su impacto es real y tangible: determinan ingresos estatales, afectan ecosistemas y moldean oportunidades de desarrollo local.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) busca precisamente cerrar esa brecha entre los grandes datos y las realidades locales. No se trata solo de publicar cifras: se trata de generar capacidades para que la ciudadanía pueda leer, interpretar y actuar con base en información verificada.
¿En qué cambia esto la ecuación?
Primero, EITI permite saber con claridad cuánto dinero generan las industrias extractivas y cómo se distribuyen. Solo en 2023, el sector representó el 18% de los ingresos del gobierno central. Esta información, disponible en plataformas públicas, permite entender si esos recursos se invierten en educación, salud o infraestructura —o si se diluyen en la opacidad.
Segundo, promueve transparencia contractual. La minería responsable empieza por el acceso a contratos y compromisos asumidos por las empresas. Gracias a EITI, estos documentos pueden ser analizados por cualquier ciudadano, medio de comunicación o actor comunitario.
Tercero, fortalece la participación. Cuando una comunidad tiene acceso a datos claros, puede decidir con mayor fundamento si un proyecto extractivo es una oportunidad o una amenaza. No es menor: la participación informada reduce tensiones sociales y mejora la calidad del debate público.
Cuarto, EITI revela cómo se distribuyen los beneficios. Por ejemplo, el 60% de las regalías mineras se dirige al Fondo Común Amazónico, orientado al desarrollo regional. Con estos datos, es posible exigir que los recursos lleguen efectivamente a los territorios.
Y finalmente, contribuye a una visión de largo plazo. La transparencia no es solo una herramienta de control, es una condición para la planificación sostenible del país.
EITI no promueve ni frena la actividad extractiva. Lo que promueve es claridad. Y en contextos de polarización, esa claridad es poder: poder para decidir, para fiscalizar y para construir un modelo de desarrollo más justo.
