La transparencia en la gestión de los recursos naturales no es un lujo, sino una necesidad para países como Ecuador, cuya economía sigue dependiendo en gran medida de la extracción de petróleo y minerales. Sin embargo, la rendición de cuentas en estos sectores ha sido históricamente limitada, lo que ha generado desconfianza y conflictos sociales. En este contexto, el Segundo Informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Ecuador ofrece un análisis detallado de los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la implementación de este estándar internacional.
Implementación del EITI en Ecuador: Un Camino en Construcción
Ecuador dio el primer paso en la implementación del EITI en septiembre de 2019. Desde entonces, se han logrado hitos importantes, como la creación del Grupo Multipartícipe (GMP) en junio de 2020 y la aceptación formal como país implementador en octubre del mismo año. El GMP, compuesto por representantes del gobierno, empresas extractivas y sociedad civil, es el encargado de supervisar la aplicación de los principios del EITI y garantizar que todas las partes tengan voz en el proceso.
En términos de acceso a la información, Ecuador ha desarrollado un portal web para divulgar datos sobre la implementación del estándar. Este esfuerzo representa un avance en la transparencia gubernamental, aunque el desafío sigue siendo asegurar que la información publicada sea clara, accesible y útil para la ciudadanía.
Beneficiarios Finales: Un Problema No Resuelto
Uno de los mayores obstáculos identificados en el informe es la falta de identificación de los Beneficiarios Finales (BF) de las empresas extractivas. A pesar de que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias) ha desarrollado una plataforma con información sobre accionistas y socios, esta aún no permite conocer a los verdaderos beneficiarios de las operaciones extractivas.
El estándar EITI exige que los países implementadores revelen no solo los propietarios de las empresas, sino también quiénes realmente se benefician de ellas. Sin embargo, Ecuador aún no cumple completamente con este requisito, ya que los mecanismos de control utilizados se limitan a la participación accionaria y no incluyen otros métodos de influencia empresarial. Mientras no se logre una identificación clara de los beneficiarios finales, persistirá la opacidad en la industria extractiva, lo que abre la puerta a posibles casos de corrupción y financiamiento ilícito.
Pagos e Ingresos: Avances en la Divulgación
El informe presenta un desglose detallado de los pagos que las empresas extractivas realizan al Estado ecuatoriano, incluyendo impuestos, regalías y otros aportes relacionados con la extracción de recursos naturales. Este tipo de información es crucial para que la ciudadanía pueda monitorear el destino de estos ingresos y exigir mayor eficiencia en su uso.
Sin embargo, la calidad de los datos publicados aún enfrenta desafíos. Las auditorías sufren retrasos, la información no siempre está disponible en tiempo real y no hay un desglose claro a nivel de proyecto. Estas limitaciones afectan la capacidad de análisis y dificultan el seguimiento detallado de los ingresos y gastos asociados con la industria extractiva.
Transferencias Subnacionales: La Transparencia a Nivel Local
El informe también analiza las transferencias de recursos a los gobiernos locales, que se realizan a través del Modelo de Equidad Territorial (MET) y del fondo de desarrollo sostenible amazónico. Estas transferencias están diseñadas para distribuir equitativamente los ingresos provenientes de la extracción de recursos, asegurando que los municipios, provincias y juntas parroquiales reciban su parte correspondiente.
No obstante, la información sobre estos pagos no está centralizada, lo que hace difícil rastrear su destino final. En un país donde la corrupción a nivel local es un problema recurrente, la falta de datos claros sobre estas transferencias representa un riesgo importante para la equidad en la distribución de los recursos.
Contratos de Preventa Petrolera: Falta de Información Oficial
Otro aspecto relevante del informe es la inclusión de datos sobre los contratos de preventa petrolera firmados entre 2009 y 2016. Estas operaciones, que comprometen la producción futura de petróleo a cambio de financiamiento inmediato, han sido objeto de debate debido a su impacto en la soberanía económica del país.
Si bien se conocen los montos generales de estos contratos, la falta de acceso a los términos y condiciones específicos genera incertidumbre sobre las implicaciones reales de estos acuerdos. La ausencia de información en fuentes oficiales y en el repositorio de contratos públicos refuerza la necesidad de mayor transparencia en este tipo de compromisos a largo plazo.
Gravámenes y Flujos Tributarios: Un Mapa Completo, pero con Grietas
El informe presenta un inventario exhaustivo de los impuestos, regalías y otros tributos que el Estado recibe de la industria extractiva. Esta información es valiosa para entender la magnitud de los aportes del sector, pero su utilidad práctica depende de su accesibilidad y actualización constante.
Uno de los desafíos identificados es la falta de datos mensuales consecutivos, lo que impide un análisis continuo de la evolución de los ingresos. Además, el informe señala la necesidad de mejorar la trazabilidad de estos recursos para garantizar que sean utilizados en beneficio de la población y no terminen diluidos en la burocracia estatal.
Conclusión: Transparencia con Retos Pendientes
El Segundo Informe EITI Ecuador marca un avance significativo en la promoción de la transparencia en la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, aún quedan retos importantes por superar. La identificación de beneficiarios finales, la centralización de información sobre transferencias subnacionales y la divulgación de contratos de preventa petrolera son solo algunos de los aspectos que requieren atención urgente.
Ecuador tiene en sus manos la oportunidad de consolidar un modelo de gestión extractiva basado en la transparencia y la rendición de cuentas. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, las empresas y la sociedad civil trabajen de manera coordinada para cerrar las brechas de información y garantizar que los recursos naturales del país sean administrados de manera responsable y en beneficio de toda la población.
¿De qué hablamos cuando hablamos de minería? Cuando los datos no alcanzan.
Para algunos, la minería es sinónimo de progreso: inversión, empleo y desarrollo. Para otros, es un símbolo de destrucción ambiental, conflictos sociales y concentración del poder económico. Pero, más allá de las posiciones, ¿qué significa realmente la minería en Ecuador hoy?
El sector minero ha crecido de manera sostenida, convirtiéndose en un pilar estratégico para la economía nacional, según el Segundo Informe EITI Ecuador. En 2023, las exportaciones mineras de Ecuador alcanzaron los USD 3,324 millones, con un notable crecimiento del 68,1% en oro, el principal producto exportado. El sector minero creció, representando el 10,7% de las exportaciones totales, en comparación con el 8,5% en 2022, y contribuyó con un 1,1% al PIB. En el período 2022-2023, las exportaciones de la pequeña minería aumentaron un 68,1%, alcanzando los 1,26 mil millones de dólares. El oro y los concentrados de cobre lideran este crecimiento, consolidando a la minería como una de las principales actividades extractivas. Sin embargo, su impacto no se mide solo en cifras económicas. También está presente en los debates públicos, en las redes sociales y en los discursos políticos, donde se ha convertido en un tema que divide.
Transparencia, confianza y datos: los retos del sector
Si la minería genera tantas resistencias, es en parte porque aún enfrenta desafíos en transparencia y trazabilidad de los ingresos. Según datos oficiales extraidos del Segundo Informe EITI Ecuador, en 2023 el sector extractivo aportó el 18% de los ingresos del gobierno central, una cifra menor al 26% de 2022 debido a la caída del precio del petróleo. A pesar de su importancia fiscal, la distribución de estos recursos no siempre es clara, lo que alimenta la desconfianza y la percepción de que los beneficios no llegan a todos.
Además, la falta de datos accesibles y desagregados dificulta una discusión informada. El Segundo informe EITI Ecuador ha señalado la necesidad de incluir información por género en las industrias extractivas, especialmente en puestos de toma de decisiones. Sin estos datos, es difícil evaluar el verdadero impacto social de la minería.
¿Cómo romper el círculo de la polarización?
El sector minero necesita repensar su relación con la sociedad, no solo desde el discurso económico, sino desde la legitimidad social. No basta con decir que aporta ingresos o empleo si persiste la sensación de exclusión y falta de diálogo. La minería en Ecuador sigue siendo una industria con cuentas pendientes en materia de transparencia y distribución de beneficios, lo que la convierte en un blanco fácil para la desinformación y la instrumentalización política.
En este contexto, la pregunta no es si estamos a favor o en contra de la minería, sino cómo logramos que la discusión trascienda la polarización. ¿Cómo construimos una minería que sea socialmente legítima? ¿Cómo garantizamos que la información disponible no sea solo un arma en el debate, sino una herramienta para la toma de decisiones?
Hablar de minería es hablar de datos contextualizados, de impactos visibles, de modelos de desarrollo en territorio. Pero, sobre todo, es hablar de confianza, de quién la tiene, quién la ha perdido y cómo se puede recuperar.
